Por primera vez, declaró el rehén de la triple fuga

“Esa mañana me levanto normalmente y me voy para el campo”, comenzó Juan Ignacio R. un ingeniero agrónomo de 32 años oriundo de Córdoba capital, cuyo relato había sido un misterio hasta ahora para los medios de comunicación locales. “Me tocaba monitorear en San Carlos, un campo que está sobre un camino rural”, siguió el joven profesional que fue abordado por los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci la mañana del jueves 7 de enero de 2016.

“Estaciono la camioneta de culata” con la trompa mirando hacia el camino, en la entrada del campo. Y cuando “me pongo a sacar mi cuaderno de campo, siento una frenada. Levanto la cabeza y veo un vehículo blanco del que se bajan tres personas y se me vienen para la camioneta”, recordó. Estaban “armados, con chalecos y vestidos de azul o verde”, siguió el testigo que “con ojos inexpertos” pensó que eran “de fuerzas policiales, militares o de gendarmería”. En vano trató de explicarles que “trabajaba ahí”, porque en cuestión de segundos los tres hombres estaban arriba de la camioneta Volkswagen Amarok blanca perteneciente a la empresa Bayer, para la que trabajaba.

“Me preguntaban ‘quién sos’, y me pedían que no les mienta”, suponiendo que podía tratarse de un gendarme encubierto. A esa altura el rehén ya había dejado de pensar que eran policías, aunque nunca tuvo la sospecha de que se podría tratar de los prófugos más buscados de la Argentina.

Juan Ignacio R. reconoció ante el tribunal que integran los jueces Eduardo Pocoví -presidente-, Sandra Valenti y Pablo Busaniche, que recién cuando estuvieron dentro de su departamento de calle San Jerónimo al 3000 tomó conocimiento de lo que ocurría. “Cuando prenden la tele y veo las noticias caigo en la importancia, hasta ahí no sabía quienes eran”, destacó.

El testigo permaneció casi 48 horas privado de su libertad y si bien compartió momentos con los prófugos, la mayor parte del tiempo estuvo encerrado en uno de los tres dormitorios del departamento. Dijo que le dieron de comer, que lo trataron bien y que no sufrió golpes ni agresiones verbales, sin embargo, destacó que “mi única forma de salir de eso era haciendo lo que ellos me pedían” porque “estuve bajo una situación de privación de la libertad y las cosas se hacían como decían ellos”, reiteró.

Por último se refirió al momento en que los prófugos finalmente abandonaron su departamento, la noche del viernes 8 de enero. Recordó que fue atado de pies y manos al respaldar de una cama y amordazado. Dijo que comenzó a tratar de zafarse de las ataduras a la mañana siguiente, cuando advirtió que estaba amaneciendo y calculó que sus captores ya no estaban. Intentó salir del departamento pero lo habían dejado encerrado con llave, por eso pidió auxilio desde el balcón del primer piso y fue auxiliado por un muchacho que pasaba en bicicleta que hizo la denuncia.

Alegatos de apertura

El testimonio de Juan Ignacio R. fue el primero de una larga lista de personas que deberán pasar por tribunales durante toda esta semana. Previo a su declaración, el fiscal Estanislao Giavedoni hizo su alegato de apertura, en el que adelantó que pedirá 15 años de prisión para el trío. Los hechos se remontan al 7 de enero de 2016 cuando tras enfrentarse con la Gendarmería (por esos hechos ya fueron juzgados en instancia Federal), secuestraron a un ingeniero de la empresa Bayer y a punta de armas lo obligaron a que les abriera su casa y le robaron la camioneta que usaba para trabajar.

El segundo hecho que les fue atribuido fue el ataque contra una vivienda de campo del Medio, donde redujeron a una pareja y se llevaron una camioneta Toyota Hillux. Por último, fueron acusados por retener al cuidador del molino arrocero Spalleti de la localidad de Cayastá el lunes 11 de enero, donde buscaron refugio después de un día y medio deambulando por zona de bañados, sin agua y sin comida y con fuerzas policiales de todo el país pisándole los talones. El tercer hecho fue solamente atribuido a Cristian Lanatta y Schillaci, ya que Martín Lanatta se entregó tras las lesiones sufridas en el vuelco de la Amarok la mañana del sábado 9 de enero.

Por su parte, el defensor regional Leandro Miró, junto con la Dra. Magalí Mazza, a cargo de la defensa técnica de los tres imputados, planteó la teoría de que “actuaron bajo un estado de necesidad justificante”, según lo previsto en el artículo N° 34 inciso 3ro. del Código Penal y que por ello al término del debate pedirán la absolución de los detenidos.