Argentina llevó al Tribunal del Mar su reclamo para impedir la explotación petrolera en Malvinas

La Argentina comenzó este martes su presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar medidas provisionales que impidan el avance de la explotación petrolera británica en las inmediaciones de las Islas Malvinas. El reclamo apunta a frenar el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, ante la posibilidad de que la actividad genere daños irreversibles antes de que se resuelva la controversia entre ambos países.

Las audiencias se extenderán hasta este miércoles y constituyen una instancia inédita en la disputa con el Reino Unido: es la primera vez que la Argentina lleva ante un tribunal internacional una controversia vinculada con la soberanía de las islas. La delegación nacional está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y cuenta con representantes de la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro, además de especialistas en derecho internacional.

El embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal, explicó que el objetivo de la presentación es evitar que la explotación de los recursos naturales produzca cambios irreversibles en la zona antes de que se resuelva el conflicto. Al mismo tiempo, aclaró que el país no pretende que el organismo se pronuncie sobre quién tiene la soberanía de las Malvinas ni sobre la delimitación marítima, sino que intervenga para proteger los derechos que la Argentina considera afectados por las decisiones unilaterales británicas.

Durante su exposición, Oyarzábal repasó los antecedentes de la disputa, las gestiones diplomáticas realizadas y las respuestas argentinas frente al avance de la actividad petrolera. También presentó los fundamentos jurídicos del reclamo a partir de cuatro principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR): la preservación de los derechos soberanos sobre la plataforma continental mientras se resuelve la controversia; la prohibición de avanzar unilateralmente sobre los recursos no renovables de esa zona; el deber de no obstaculizar las vías de solución del conflicto; y la obligación de proteger el ambiente marino.

Sobre este último aspecto, la delegación advirtió que las acciones británicas podrían comprometer también la capacidad argentina de cumplir con sus propios compromisos internacionales de conservación del ecosistema marino.

El proyecto petrolero y el pedido argentino

La presentación ante el Tribunal de Hamburgo forma parte de un procedimiento arbitral que el Gobierno argentino inició contra el Reino Unido el 28 de septiembre, en el marco de la CONVEMAR. Como el tribunal encargado de resolver esa controversia todavía no está constituido, el 13 de octubre la Argentina recurrió al organismo internacional para solicitar medidas urgentes.

En concreto, pidió que se impida el inicio o la continuidad de la extracción de hidrocarburos en la plataforma continental, que el Reino Unido se abstenga de agravar la disputa y que deje de obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones argentinas de protección del medio marino.

El argumento central es que el avance de la explotación podría generar un hecho consumado y un daño irreparable a los derechos argentinos, por lo que el país considera necesario adoptar medidas antes de que se complete la conformación del tribunal arbitral. De acuerdo con los planes de las compañías involucradas, las perforaciones comenzarían en 2027 y la producción comercial podría iniciarse en 2028.

Por su parte, el Gobierno británico cuestionó la jurisdicción del Tribunal Internacional del Derecho del Mar para examinar el planteo argentino sobre las Malvinas y ratificó su intención de defender el desarrollo de las perforaciones petroleras. La delegación del Reino Unido tendrá su turno de exposición durante las audiencias, que continuarán este miércoles con una segunda ronda de intervenciones y preguntas de ambas partes.

Cuándo se conocerá la decisión y qué puede pasar

Una vez finalizadas las audiencias, el Gobierno argentino estima que el Tribunal podría emitir una resolución en un plazo de entre dos y cuatro semanas, posiblemente durante la segunda mitad de noviembre o a comienzos de diciembre. Como antecedente, en el Ejecutivo mencionan el caso de la fragata Libertad, retenida en Ghana en 2012, cuando el organismo ordenó su liberación como medida provisional. De todos modos, aclararon que aquel episodio no establece un plazo obligatorio para la decisión actual.

Mientras aguarda el pronunciamiento, el Gobierno contempla tres escenarios posibles. El primero es que el Tribunal acepte la totalidad del pedido argentino y ordene detener la actividad petrolera. Según indicaron fuentes oficiales, el Reino Unido se comprometió a cumplir una eventual decisión de ese tipo, lo que supondría frenar la explotación hasta que se resuelva el arbitraje.

Una segunda posibilidad es que los jueces adopten una decisión intermedia y concedan algunas de las medidas solicitadas, pero no todas. En ese caso, la resolución establecería límites parciales a las acciones británicas, de acuerdo con el alcance de lo que finalmente disponga el organismo.

El tercer escenario es que el Tribunal rechace el pedido por considerar que no están dadas las condiciones de urgencia o que no cuenta con jurisdicción prima facie para intervenir. Si eso ocurre, no se aplicarían medidas provisionales en esta instancia, pero el procedimiento arbitral seguiría adelante y la Argentina podría volver a solicitar medidas cautelares una vez constituido ese tribunal.

Desde el Gobierno remarcaron que ninguno de esos resultados implicaría reconocer como legal la actividad petrolera británica en las aguas próximas a las Malvinas. La discusión sobre el proyecto Sea Lion y los derechos que reclama la Argentina continuará, por lo tanto, en el marco del procedimiento internacional iniciado por el país.