Causa YPF: la Justicia de EE.UU. revocó la condena contra Argentina

La Justicia de Estados Unidos dio un giro clave en la causa por la expropiación de YPF al revocar la sentencia de primera instancia que había condenado a la Argentina a pagar más de US$16.100 millones. La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que ordenó revisar el caso al considerar que se interpretó de manera incorrecta la legislación argentina. Además, el tribunal ratificó que la petrolera YPF no tiene responsabilidad en el proceso de estatización.

El fallo representa un alivio significativo para el Estado argentino en un litigio que se arrastra desde 2015 y que había tenido un desenlace adverso en 2023, cuando la jueza Loretta Preska determinó que el país debía indemnizar a los accionistas minoritarios por no haber cumplido con el estatuto de la compañía al momento de la expropiación de 2012.

En esta nueva instancia, los jueces Denny Chin y Beth Robinson votaron a favor de la Argentina, mientras que José Cabranes se inclinó por sostener la decisión original. La mayoría coincidió en que el caso debía tramitarse en Nueva York, pero cuestionó la interpretación que hizo la jueza de primera instancia sobre cómo se aplica el derecho argentino en este tipo de situaciones.

Uno de los puntos centrales del fallo fue aceptar el argumento de la defensa argentina respecto de que la ley de Expropiaciones del país limita la posibilidad de que terceros interfieran judicialmente en ese proceso. En esa línea, el tribunal también consideró que los estatutos de una empresa no constituyen un contrato que habilite reclamos de ese tipo en el contexto de una expropiación.

De todos modos, la Cámara dejó una advertencia: señaló que la Argentina incumplió compromisos asumidos con inversores extranjeros en los años noventa, lo que afecta su credibilidad como destino de inversiones. Sin embargo, concluyó que el reclamo impulsado por los demandantes no se ajusta al marco legal argentino.

El litigio fue impulsado por fondos como Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de demanda tras la quiebra de las empresas Petersen, accionistas de la petrolera al momento de la estatización. Tras conocerse la resolución, las acciones de Burford registraron fuertes caídas en los mercados internacionales.

El caso tuvo origen en la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar el 51% de YPF en 2012. Los demandantes sostuvieron que el Estado debió lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por el total de las acciones, tal como lo establece el estatuto de la empresa cuando se supera cierto porcentaje de participación.

Desde la defensa argentina, en tanto, se argumentó que la operación se realizó bajo el marco de la ley de Expropiaciones y que esa normativa tiene jerarquía superior al estatuto societario. Ese planteo fue finalmente convalidado por la Cámara en su resolución.

Tras el fallo, el presidente Javier Milei celebró la decisión y la calificó como “un triunfo histórico”, al considerar que el país evita un pago multimillonario. En tanto, desde la conducción de YPF también destacaron el impacto de la resolución, que despeja el panorama judicial para la compañía.

A pesar del revés, los demandantes aún cuentan con la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque especialistas consideran poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el caso.