La Justicia le negó a Tapia un permiso para salir del país por 60 días

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó el pedido presentado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, para ausentarse del país durante 60 días, en el marco de una causa en la que se investigan presuntas irregularidades tributarias.

El magistrado tiene a su cargo una investigación que involucra a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes del fútbol argentino, por la supuesta apropiación indebida de aportes previsionales y otras obligaciones fiscales, en una suma que, según la denuncia, supera los 19 mil millones de pesos. Tras haber tomado declaraciones indagatorias, el juez deberá resolver la situación procesal de los imputados.

La solicitud de salida del país fue rechazada por inconsistencias en la presentación. De acuerdo a la resolución, los motivos expuestos carecían de precisión, la documentación aportada estaba desactualizada y no se detallaban destinos ni una agenda concreta de actividades, lo que, según el tribunal, dificulta garantizar la sujeción del dirigente al proceso judicial.

Además, el juez señaló antecedentes en el comportamiento del titular de la AFA respecto a viajes al exterior. En particular, recordó un episodio previo en el que, tras recibir autorización para trasladarse a determinados destinos, Tapia habría intentado modificar su itinerario sin autorización judicial mientras se encontraba fuera del país.

En ese contexto, también se mencionaron hechos de público conocimiento vinculados a un viaje a Venezuela que no fue debidamente informado ante la Justicia, lo que llevó al magistrado a considerar que las razones esgrimidas en aquella oportunidad habrían sido, al menos, parciales.

La resolución también puso el foco en la frecuencia de los viajes del dirigente, al considerar “inusual” que, en paralelo a su rol en la función pública —donde percibe ingresos mensuales—, pase una porción significativa de su tiempo fuera del país por compromisos vinculados a otras actividades.

La causa judicial investiga la presunta omisión en el pago de aportes de la seguridad social correspondientes a jugadores y empleados. Según la acusación, se habrían registrado deudas millonarias por retenciones impositivas y previsionales no depositadas en tiempo y forma, montos que luego fueron ampliados en una segunda presentación.

En su defensa, Tapia sostuvo que no existió delito, al argumentar que una resolución administrativa del Ministerio de Economía había suspendido las ejecuciones fiscales, y que parte de las obligaciones ya fueron regularizadas. No obstante, la Justicia analiza si las demoras en los pagos podrían encuadrarse en el delito de apropiación indebida de tributos, que prevé penas de hasta seis años de prisión.