Nacionales — 17.03.2026 —
El Gobierno dispuso una veeduría sobre la AFA por 180 días para auditar su funcionamiento
La medida fue adoptada por el Ministerio de Justicia a pedido de la Inspección General de Justicia. Los veedores tendrán acceso a documentación contable y administrativa, mientras la entidad rechazó la decisión y anticipó acciones judiciales.
El Gobierno nacional dispuso una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días, con el objetivo de auditar balances, contratos y movimientos financieros de la entidad.
La decisión fue adoptada por el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, tras un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que venía reclamando información contable y administrativa a la institución presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
Según lo dispuesto, los veedores designados —el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco— tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, documentación respaldatoria y acuerdos comerciales de la AFA. Su tarea será elaborar informes sobre el funcionamiento institucional, con posibilidad de presentar reportes parciales ante situaciones urgentes.
Entre los puntos a analizar figuran los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, la documentación vinculada a la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y las relaciones comerciales con empresas y actores privados.
La medida se apoya en objeciones previas de la IGJ, que señaló falta de entrega de información requerida, demoras en la presentación de balances y observaciones sobre documentación insuficiente para evaluar el manejo de los recursos de la entidad.
Además, uno de los ejes del conflicto es la disputa por la jurisdicción de control. Mientras la AFA sostiene que trasladó su domicilio a la provincia de Buenos Aires, la IGJ considera que esa modificación fue “ficticia” y que la entidad continúa bajo su órbita en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la conducción de la AFA rechazaron la decisión oficial, calificaron la veeduría como “ilegítima”, negaron irregularidades y anticiparon que podrían recurrir a la Justicia para frenar la medida.
La veeduría no implica una intervención plena ni el desplazamiento de autoridades, pero habilita un control reforzado sobre el funcionamiento administrativo y financiero de la entidad. El resultado de la auditoría podría derivar en sanciones, nuevos requerimientos o una profundización del conflicto en el ámbito judicial.
El proceso se da en un contexto donde la AFA experimentó un fuerte crecimiento de ingresos en los últimos años, impulsado por derechos televisivos, acuerdos comerciales y el éxito deportivo de la selección nacional, lo que incrementa la relevancia del control sobre sus recursos.
