Jueves 05 de febrero de 2026

Nacionales — 05.02.2026 —

La Justicia argentina pidió la extradición de Nicolás Maduro a Estados Unidos

Un juzgado federal libró un exhorto internacional para que el presidente venezolano sea trasladado al país y declare en una causa por presuntos delitos de lesa humanidad.


Un juzgado federal argentino solicitó a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro para que sea sometido a proceso en el país por presuntos delitos de lesa humanidad.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, en el marco de la causa iniciada en 2023, donde se investigan graves violaciones a los derechos humanos atribuidas a la cúpula del gobierno venezolano. El tribunal ordenó librar un exhorto internacional tras considerar que Maduro habría sido recientemente detenido y trasladado a territorio estadounidense.

La decisión se inscribe en una orden previa de la Sala I de la Cámara Federal, que en septiembre de 2024 había dispuesto su detención y la toma de declaración indagatoria, resolución que fue ratificada en enero de este año.

El pedido se fundamenta en el Tratado de Extradición vigente entre Argentina y Estados Unidos desde 1997. El juzgado dispuso la traducción urgente del exhorto y encomendó su tramitación a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería. Además, se ordenó notificar a Interpol y a las querellas que impulsan el expediente.

La causa contra Maduro se inició a partir de una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basada en el principio de jurisdicción universal. Este criterio permite que los tribunales argentinos investiguen y eventualmente juzguen delitos de lesa humanidad cometidos fuera del territorio nacional.

En resoluciones anteriores, la Cámara Federal sostuvo que existieron indicios de un plan sistemático ejecutado contra la población civil venezolana, que habría incluido prácticas de persecución, secuestro, tortura y asesinato.

Con el exhorto ya firmado, el trámite queda ahora en manos de las autoridades diplomáticas y judiciales de ambos países, que deberán evaluar el curso del pedido de extradición.

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