Diputados aprobó una reforma para una justicia "más cercana, abierta y eficiente"

La Cámara de Diputadas y Diputados dio media sanción a una reforma del sistema de justicia de la provincia que apunta a acercarlo a la sociedad, hacerlo más abierto, eficiente y dotarlo de mayor legitimidad. La iniciativa aprobada lleva la composición de la Corte Suprema de seis a siete miembros, fija la edad límite para el cargo y detalla el mecanismo para la renovación.

Asimismo, establece la obligación de publicar cada año un informe de gestión donde se rinda cuenta de la ejecución presupuestaria y de que todos los integrantes del Poder Judicial presenten una declaración jurada patrimonial. También compromete al máximo tribunal a realizar las acciones necesarias para difundir las decisiones judiciales de todas las instancias y fueros de la justicia santafesina, y habilita la realización de audiencias públicas.

La norma aprobada sintetizó propuestas presentadas por legisladores de distintos bloques y, en consecuencia, expresa un amplio consenso.
“El gobierno de Unidos está decidido a dar el debate y a cambiar lo que haya que cambiar para que las instituciones de Santa Fe sean confiables y funcionen mucho mejor”, sostuvo la diputada Lionella Cattalini, quien puso de relieve “la propuesta de ampliación de la Corte con composición impar, teniendo en cuenta la paridad de género, la procedencia regional de los futuros ministros y la cobertura de las distintas ramas del derecho”.

“Esta propuesta tiene que ver con varios criterios, entre ellos, la claridad y la eficiencia jurídica”, señaló la legisladora y explicó: “Hoy cuando los ministros empatan en un fallo, es una persona externa a la Corte quien desempata. Eso no puede pasar porque estamos hablando de decisiones de enorme trascendencia para la provincia”, sostuvo y citó el ejemplo de lo que sucedió con la resolución de la cuestión del descanso dominical.

“Necesitamos tener más miradas a partir de las distintas especialidades del derecho y de los debates que se dan hoy en la sociedad de forma muy dinámica”, añadió Cattalini y planteó la necesidad de mayor transparencia: “Para tener un Poder Judicial eficiente también tiene que haber mecanismos para recabar información, generar estadísticas, controlar y planificar”.

Al respecto, según la letra del proyecto, la Corte Suprema realizará “todas las acciones necesarias destinadas a implementar mecanismos y herramientas para difundir la información pública que se halle en el ámbito del Poder Judicial”. Y en tal sentido, especifica que se deberán difundir “las decisiones judiciales de todas las instancias y fueros”.

Cada año se deberá publicar un informe de gestión en el portal web del Poder Judicial donde se rinda cuentas de la ejecución del presupuesto -algo que hoy no se hace-, y todos los integrantes, incluso los ministros/as de la Corte y el procurador/a General, deberán presentar una declaración jurada patrimonial, algo que en la actualidad se realiza de manera voluntaria.

Asimismo, se incluye la herramienta de las audiencias públicas, ya sean convocadas por los ministros de la Corte o pedidas por la ciudadanía.
El diputado Joaquín Blanco resaltó la importancia de “crear mecanismos concretos, como la rendición de cuentas del presupuesto ejecutado y la publicación de esa información, la presentación de declaraciones juradas patrimoniales, la realización de audiencias públicas, inclusive para el proceso de selección de los ministros de la Corte, como sucede a nivel nacional. Se trata –resumió- de echar luz sobre un poder que lamentablemente la sociedad siente muy lejano e inaccesible, y que necesitamos acercar para dar respuesta a una demanda de la ciudadanía”.

“Es una de las grandes reformas pendientes que tenía la provincia de Santa Fe desde hace décadas y la concretamos con una tarea puramente legislativa, con el aporte de varios bloques, ya que no hubo mensaje del Ejecutivo. En un momento de tanta crispación en la Argentina es muy importante haber construido un proyecto de manera transversal”, valoró Blanco.

Renovación de la Corte
La iniciativa deja en claro que los ministros “cesan automáticamente en sus funciones” al alcanzar los setenta y cinco años, y que dicho cese “no se encuentra sujeto a decisión o condición alguna y se produce, de pleno derecho, el mismo día que alcancen esa edad”. Para mantener en el cargo a cualquiera de dichos funcionarios será necesario un nuevo nombramiento por parte del Poder Ejecutivo, que se hará por otros cinco años.

En este punto, el diputado Rubén Galassi diferenció “inamovilidad de perpetuidad. Está claro que los jueces deben desarrollar su tarea sabiendo que no tienen condicionantes”, afirmó al tiempo que consideró que “tener una fecha para retirarse es una certeza para hacer su trabajo como corresponde”.

“Este proyecto –señaló-, al fijar pautas en relación al mandato de los miembros de la Corte Suprema, termina de echar claridad sobre la edad para ocupar el cargo de ministro. Ninguno de los poderes del Estado puede tener el privilegio de saber cuándo entra en funciones pero no cuándo finaliza”, advirtió.

“Todos los cambios que hemos debatido en el último año son políticos, como esta reforma del Poder judicial que discutimos hoy, como ha sido la reforma del Código Procesal Penal y del Código Procesal Laboral, la instauración del juicio por jurados, la aprobación del nuevo Código Procesal Penal Juvenil, y más atrás en el tiempo, el gran cambio institucional que significó la implementación del nuevo enjuiciamiento penal”, enumeró Galassi y añadió: “Creo que esto muestra que nuestro sistema institucional es sano porque en los últimos veinte años todas estas reformas se concretaron durante distintos gobiernos y con distintas composiciones legislativas, inclusive, con gobernadores que no contaron con mayorías en la Legislatura. Prevaleció el voto de la propia ciudadanía que, en cada caso, fue la que puso equilibrio con su decisión y los que creemos en la voluntad popular respetamos el respaldo que otorga”, finalizó.