Negociaciones voto a voto en el Senado, que inicia el tratamiento de la Ley Bases

El Senado iniciará este martes el tratamiento en comisiones de la ley de Bases y el paquete fiscal, ambos proyectos que obtuvieron la media sanción de la Cámara de Diputados. El oficialismo buscará conseguir un dictamen de mayoría el próximo jueves 9 de mayo para desembarcar en el recinto senatorial una semana más tarde, el 16, a pocos días del Pacto de Mayo, convocado para el 25 en Córdoba. 

La discusión involucrará a las comisiones de Legislación General; Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda. Para defenderlos, fueron invitados altos funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. 

La comisión de Legislación General es presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis); Presupuesto y Hacienda es conducida por Ezequiel Atauche (Jujuy); y Asuntos Constitucionales la dirige Edgardo Kueider (Entre Ríos). Abdala como Atauche son dos oficialistas, mientras que Kuieder compone el bloque Unión Federal, es decir, peronista no kirchnerista. 

La actividad continuará el miércoles con las exposiciones del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. A su vez, se realizará la reunión, en solitario, de la comisión de Presupuesto por el paquete fiscal con Guberman. El paquete fiscal ya tiene un pie en Diputados por la negativa varios gobernadores patagónicos frente a la restitución del impuesto a las Ganancias. 

En este contexto de absoluta cancha inclinada, el oficialismo, a través de Francos y la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara baja, Victoria Villarruel, ya comenzaron con las negociaciones tanto con los presidentes de los bloques aliados y los gobernadores, varios de ellos mantienen fuerte influencia sobre sus senadores, pero en otros casos no es así. Kueider es un claro ejemplo de eso. 

Panorama complejo para el oficialismo 

Si bien en filas libertarias se muestran confiados, el oficialismo deberá surfear primero las comisiones que se presentarán como el gran obstáculo en las próximas horas. Presupuesto y Legislación General son integradas por 17 senadores. En ambas, el kirchnerismo cuenta con siete integrantes. Mientras que Asuntos con 19, allí el kirchnerismo cuenta con ocho integrantes. 

¿Por qué es importante al composición de los comisiones? Porque en las tres se encuentran algunos senadores que todavía mantienen bajo la manga lo que harán con respecto a la concesión de un dictamen de mayoría en favor de LLA y que habilitaría la discusión de los mega proyectos en el hemiciclo senatorial. 

En Asuntos Constitucionales aparece la zigzagueante Lucila Crexell (Neuquén), el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego), que viene de rechazar el DNU. En Legislación General aparecen, además de Crexell y Blanco, Kueider, que ya manifestó que no votará los proyectos a “libro cerrado”. A estos se suma la incógnita de la misionera, Sonia Rojas Decut, y el santacruceño José María Carambia. 

También la integra el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, quien también votó contra el DNU de Milei e hizo caminar por la cuerda floja el pliego del rabino del Presidente, Axel Wahnish, designado como embajador argentino en el Estado de Israel hace algunas semanas. Tanto Blanco como Lousteau darán el presente en Presupuesto y Hacienda. 

Los votos

“El panorama es apretado”, deslizó anoche una alta fuente oficial que participa de las negociaciones. Sobrevolaba, sin embargo, una moderada ilusión de acercarse en estas horas al número mágico de 37 senadores, el necesario para sancionar el proyecto, al menos en general. “Con la aprobación en general, avanzamos al 25 de mayo”, abundaron fuentes oficiales.

Es que, en la hoja de ruta trazada por la Casa Rosada, la posibilidad de que el Senado introduzca modificaciones a la media sanción de Diputados empezó a materializarse cada vez con más fuerza. En la votación en particular, en capítulos como la delegación de facultades, Ganancias o el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), cuestionado por sectores de la oposición, a pesar del consenso en buena parte de los gobernadores.

Existe, en ese sentido, un artilugio legal y parlamentario en el que, en ese contexto, el gobierno podría apalancarse para insistir con la media sanción votada en Diputados: si ninguno de los potenciales cambios en el Senado se introduce con dos tercios de los legisladores, el Ejecutivo podría avanzar con el texto aprobado en la Cámara baja con mayoría simple.

Lo cierto es que, hasta esa instancia, restan todavía horas de negociaciones.