Precios Justos: empresas aceptarán pauta de 5%, pero piden mejor acceso a beneficios impositivos

La Secretaría de Comercio inició la etapa de negociaciones con las grandes alimenticias para instrumentar el último tramo del programa Precios Justos durante 2023. Aunque las empresas se prestarán a conversar la pauta propuesta de aumento del 5%, señalan que no todas logran aplicar los beneficios impositivos que el Gobierno ofrece como contraparte del acuerdo.

En medio de una suba de precios que hace dos meses consecutivos viaja a dos dígitos, la secretaría comandada por Matías Tombolini ya comenzó a citar a las empresas de alimentos y artículos de higiene y limpieza para acordar un sendero de aumentos de cara al 31 de diciembre.

La inflación actual aparece, como es costumbre en estas negociaciones, como el principal escollo para acordar un sendero de incrementos. Sin embargo, las empresas consultadas aseguran que “no tienen opción” más que aceptar el acuerdo. En primer lugar, porque es un programa aplicado a nivel nacional y en las principales cadenas de supermercados. Segundo, porque la AFIP muestra intensa actividad de control de cumplimiento en los grandes establecimientos. Tercero, porque reconocen representantes de empresas alimenticias que la buena elección de Sergio Massa en las generales apunta a un próximo gobierno que le dé continuidad a Precios Justos, esta vez con mayor fortaleza política. “Hay un atraso importante, ¿pero qué vas a hacer en este contexto?", se pregunta una fuente del sector, y explica: “Los costos acumulados son mucho más altos que lo que se nos permitió aumentar en estos meses”.

Es por eso que las mismas alimenticias admiten que Comercio flexibiliza un poco las negociaciones sobre este punto. “Las políticas de Precios Justos se firman para adelante, entonces dejan acomodar inicialmente el precio”, ejemplifica una alimenticia. “La otra alternativa es cambiar los productos del programa por otros que no afecten tanto la salud financiera de la empresa, porque no tienen tanta rotación”, agrega.

Otra cuestión que inquieta a las empresas consultadas tiene que ver con la aplicación de los beneficios impositivos que ofrece el Gobierno como contraparte de lo acordado. Entre otros puntos, se compromete a suspender el pago de impuestos para la compra de divisas con destino importación, reducir a 0% la alícuota de retenciones para mercaderías comercializadas dentro del Mercosur, un régimen especial de facilidades de pago para cancelar derechos de exportación previos y la prórroga de vencimiento del IVA y contribuciones a la seguridad social. A su vez, y de manera excepcional, se les ofrece a las pymes proveedoras de supermercados créditos a tasa subsidiada.

Para hacer uso de los beneficios, las empresas deben dejar por escrito el compromiso al acuerdo de precios voluntario. Sin embargo, una multinacional cuenta que no es alcanzada por estos ítems “por temas de penales tributarios y de compliance”. Otra empresa de bebidas alcohólicas advierte atravesar por la misma situación: “Por temas de auditoría y políticas internas no podemos tomar los beneficios”. A su vez, una alimenticia confiesa que es difícil dejar sentado bajo firma el convenio “porque con esta inflación y semejante devaluación en agosto, nadie quiere dejar por escrito que no se podrán aumentar los precios más de un 5%”. Contrariamente a las versiones del sector privado, la Secretaría de Comercio ratifica que para aplicar las reducciones impositivas “hay que firmar”, cosa que hicieron aproximadamente 179 empresas de 198 en total, según sus datos.

Aunque las empresas y proveedores tengan sus objeciones, todas las entidades consultadas confirman que el programa tiene un alto nivel de acatamiento y las conversaciones con Tombolini son constantes y “viables”. Sin embargo, alertan que la posible llegada de Javier Milei al gobierno echaría por tierra Precios Justos: “Si el programa no se fiscaliza, con un nuevo gobierno caerá en un saco roto”, advierte un supermercadista.

Fuente: Ámbito