Necesidad Pública: el Frente Progresista critica el envío al Senado y reclama diálogo

El bloque de diputados provinciales del Frente Progresista advierte que si no se abre una nueva instancia de negociación política entre oficialismo y oposición antes de que el Senado apruebe la Necesidad Pública, el proyecto insignia de la administración Perotti correrá la misma suerte que el de su antecesora, la ley de emergencias: será rechazada y archivada.

El viernes pasado el gobierno provincial envió a la Legislatura la iniciativa con la que busca obtener herramientas excepcionales para atender la crisis y, tal como sucediera en diciembre, envolvió todos los temas en un solo paquete legislativo y utilizó al Senado como Cámara de origen.

Las críticas del FPCyS van por dos carriles: de procedimiento y de contenido.

Sucede que al ser el Senado la primera escala del proyecto, la segura media sanción de la Cámara alta pondría al Frente Progresista en una situación delicada. Es que aún si Diputados modifica por completo el texto, el peronismo podría revertir las enmiendas y aprobar la versión original si consigue los dos tercios de los votos del Senado, algo que ya logró a fin de año: a los 12 legisladores justicialistas se sumaron entonces dos radicales y superó así los 13 requeridos por ley.

El presidente del bloque de diputados del Partido Socialista, Joaquín Blanco, afirmó que la jugada del gobierno provincial dificulta un acuerdo: "Se iniciará un proceso de negociación más complejo, que arrancaremos de un punto más lejano".

Y agregó: "Dada la composición de las dos Cámaras es fundamental que lo que surja del Senado pueda ser analizado y votado por Diputados. Cuando se elabora un proyecto en el Senado que no es consensuado con el Frente Progresista y el resto de los bloques corremos el riesgo de entrar en la parálisis legislativa".

Por su lado, el presidente del bloque de la UCR de la Cámara baja, Maximiliano Pullaro, señaló: "La Legislatura tiene una lógica y era obvio que si se pretendía alcanzar un consenso tenía que entrar por Diputados. Esto nos obliga a consensuar un texto antes de que salga del Senado, porque si sale un texto con un endeudamiento mayor al que estamos dispuestos a votar, a un plazo mayor al que estamos dispuestos a votar, o en la norma hay algo que no nos satisface, tenemos un solo camino: no tratarlo".

Y añadió: "A la oposición nos pone en una situación sumamente compleja. Diferente hubiese sido establecer los consensos con la oposición, que ingrese por Diputados como se pidió, con leyes separadas y hubiera sido más fácil trabajar".

Plan original

Las reuniones del lunes y el martes entre la primera línea del gobierno y la UCR y el PS, respectivamente, bajaron unos grados a un enero caliente en la escena pública santafesina. A pesar de las diferencias de diagnóstico, todas las partes acordaron la necesidad de mejorar el clima político e iniciar un camino de acuerdos para destrabar la ley.

Para Pullaro "el ministro (de Gobierno, Esteban) Borgonovo le puso voluntad y vocación al diálogo político y se notó un cambio de actitud en el Poder Ejecutivo: pasó de agredirnos el 11 de diciembre con calumnias a sentarse el propio gobernador a dialogar con los partidos de la oposición. Valoramos y vemos un avance".

Sin embargo, luego de esos encuentros el gobierno volvió al plan original. "Siento que no hemos sido escuchados —cuestionó Pullaro—. Parece que te oyen pero no escuchan los planteos políticos".

En este marco, el presidente del bloque del PJ en Diputados, Leandro Busatto, pidió "razonabilidad" a la oposición. (Ver página 15)

Diferencias

De todas maneras, aún cuando oficialismo y oposición acordaran el recorrido del proyecto de necesidad pública, todavía deberían construir consensos sobre el propio articulado de la ley.

Los focos de conflicto, aseguró Blanco, son la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, el pedido de endeudamiento por 39 millones de pesos y cómo se asiste a municipios y comunas.

"Es una ley que tiene que estar asociada a objetivos de política pública —consideró el legislador—. No es únicamente declarar una emergencia o buscar hacer caja endeudando a Santa Fe. Si el objetivo es financiar el boleto educativo, un plan de obra pública, o una asistencia a sectores más vulnerables a través de la Tarjeta de Ciudadanía hay que entrar en detalles más finos de cómo, cuánto, dónde. No pude quedar en expresiones periodísticas o de buena voluntad".

En el fondo, resaltó Blanco, subyacen diferencias de diagnóstico: "No creemos que la situación económica de Santa Fe esté en una situación calamitosa que justifique la parálisis en la cual está sumergido el gobierno de la provincia desde diciembre. Si piden una ley de emergencia tiene que ir de la mano con una transparencia total sobre cuáles son los recursos concretos y verdaderos y cuál es el diagnóstico de los números reales de la provincia y de qué manera ese dinero se va a ejecutar".

Demostración de poder

Esta semana el FPCyS mostró al gobierno su poder de fuego en Diputados. El jueves, en la primera sesión del año, se aprobó en la Cámara presidida por el ex gobernador Miguel Lifschitz un proyecto de comunicación que solicita al Ejecutivo provincial un informe certificado por la Tesorería General y la Contaduría General para conocer el estado de las cuentas al 31 de enero de 2020.

La radical Jimena Senn, autora de la iniciativa, aseguró que la información requerida "es muy importante para hacer un profundo análisis del proyecto de ley de necesidad pública" que todavía no había ingresado al Senado.

No sólo eso: la alianza entre socialistas y radicales hizo pesar sus 28 bancas (sobre un total de 50) y se quedó con 13 de las 18 comisiones de la Cámara baja. Entre ellas, dos de importancia estratégica para la gestión: Asuntos Constitucionales y Legislación General, y Presupuesto y Hacienda.

Fuente: La Capital