Se entregó otro exfuncionario y ya son 15 los detenidos

García Ramón, que se encontraba prófugo de la Justicia, se presentó esta mañana en el juzgado de Claudio Bonadio, en los tribunales federales de Comodoro Py.

Con Ramón ya son 15 los detenidos. Ayer el empresario Carlos Wagner, titular de la firma Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y Hernán Gómez, exasesor del Ministerio de Planificación Federal, se entregaron a la Justicia. 

Según señalaron fuentes judiciales, Wagner se presentó a las autoridades a partir de la orden de detención dictada por el juez federal Claudio Bonadio. La Justicia aún no pudo dar con Francisco Valenti, ex vicepresidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) y Juan Carlos Goycochea, de la compañía Isolux.

Además, pasado el mediodía, Gómez se entregó ante el juzgado de Bonadio en los tribunales de Comodoro Py 2002. Según supo NA, Gómez quedó detenido y a disposición de la Justicia parar prestar declaración indagatoria. En tanto, sigue prófugo otro exfuncionario de la gestión kirchnerista. 

La Justicia dispuso el miércoles la detención del exsecretario Roberto Baratta, junto a exfuncionarios y empresarios, además de la citación a indagatoria de la expresidente Cristina de Kirchner, en el marco de un nuevo escándalo por supuestos bolsos con dinero para coimas por la obra pública durante el gobierno kirchnerista.

La investigación se inició a partir de la declaración testimonial hecha a fines del 2017 por la exesposa del exchofer de Baratta, Oscar Centeno, quien se acogió ahora a la figura de "arrepentido". Centeno escribió ocho cuadernos en los que figuran detalles de la ruta de las supuestas coimas, aportados a la Justicia por periodistas del diario La Nación.

Entre los exservidores públicos aprehendidos figuran Roberto Baratta (secretario de coordinación del Ministerio), Hugo Martín Larraburu (exsubsecretario de Legales), Walter Fagyas (expresidente de ENARSA), Nelson Lazarte (secretario de Baratta), Rafael Llorens (director de Asuntos Jurídicos de Planificación) y Oscar Centeno, el chofer de Baratta, quien originó la investigación. 

Entre los empresarios detenidos, aparecen Héctor Javier Sánchez Caballero, exCEO de IECSA la constructora que Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, adquirió a la familia presidencial, y que ya fue vendida al grupo Pampa Energía. El último en entregarse fue Carlos Wagner, de la empresa Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien lo hizo hoy, al igual que Hernán Gómez, ex asesor del ministerio de Planificación.

En tanto también están detenidos Gerardo Ferreyra, dueño de la constructora Electroingeniería; Carlos Mundín, dueño de la firma BTU; Jorge Guillermo Neira, exdirector del Grupo Eling S.A; Armando Losón, presidente del Grupo Albanesi; y Claudio Javier Glazman, director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. 

Asimismo, continúan prófugos Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona; Juan Goicoechea, de Isolux; y Oscar Thomas, ex director ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá.

Tres días después del reinicio de la actividad judicial tras la feria de invierno, Bonadio libró más de 50 allanamientos y ordenó las detenciones por una causa que investiga el supuesto pago de coimas a contratistas de obra pública durante el gobierno de Cristina de Kirchner, a quien citaron a declarar para el 13 de agosto por esta causa. Además, pidió al Congreso su desafuero como senadora.

La exmujer de Centeno fue quien habría llevado al diario La Nación unos cuadernos donde el remisero anotaba en detalle todos los movimientos de los funcionarios. Según los ocho cuadernos ahora en poder de la Justicia, el chofer de Baratta dejó anotado los supuestos recorridos de los bolsos repletos de dinero que el exfuncionario y sus colaboradores realizaron desde 2010 a 2015. Horas, fechas, lugares, nombres, todo habría quedado registrado a puño y letra.

Centeno, por su parte, aceptó declarar como "arrepentido" con lo que podría lograr una reducción de pena si es que aporta información precisa sobre los supuestos actos de corrupción.