Jubilaciones y planes: Macri quiere que se actualicen de acuerdo a la inflación

El Gobierno pretende cambiar la fórmula que determina el ajuste de los haberes jubilatorios, pensiones y demás prestaciones sociales. La idea es actualizarlos por la inflación y de manera trimestral. Asimismo, descarta cambiar la edad para jubilarse, hoy estipulada en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.

La modificación forma parte de una serie reformas, entre ellas varias de naturaleza tributaria, en las que el Presidente Mauricio Macri propondrá avanzar desde el lunes y luego del resultado a su favor en las elecciones legislativas del domingo pasado. En la Casa Rosada y en el Ministerio de Hacienda, donde pusieron a punto muchas de estas propuestas en los últimos días, argumentan que llegó el momento de impulsar modificaciones a la economía. “Se abrió una ventana de oportunidad”, dicen.

Los cambios en el sistema de jubilaciones, en principio, no prevén modificar la edad de retiro. Sin embargo, eso sí ocurrirá en el caso de los regímenes especiales (también llamados “de privilegio”) que contemplan jubilarse antes de tiempo. En esos casos, se buscará una convergencia a la edad general.

Todos estos temas serán debatidos en una comisión que propondrá una reforma previsional. Así quedó establecido en la ley de Reparación Histórica aprobada el año pasado. El Gobierno impulsará allí su visión. Este año, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tras una marcha atrás del Gobierno por una modificación de la jubilación, dijo “la ley dice una cosa y la reglamentación otra: habría que modificar la ley”.

La nueva fórmula de cálculo de las jubilaciones que impulsa el Gobierno buscará que los haberes acompañen la desaceleración de la inflación. Así, para el año próximo, el Gobierno avalaría que las jubilaciones aumenten un 10% si la meta inflacionaria resulta igual a la prevista. Según los números del Presupuesto 2018, eso significaría un aumento menor al previsto para los jubilados el año próximo (22%) surgido de la combinación de la suba salarial del Indec o del Ministerio de Trabajo, más la de la recaudación tributaria por beneficiario a la Anses.

El proyecto de Presupuesto 2018 prevé un desembolso de $1.210.813 millones en concepto de jubilaciones y pensiones no contributivas. Si se actualizan estos haberes por la inflación, y suponiendo que sea 10%, los pagos serían $1.092.145 millones, o sea, $118.668 millones menos en jubilaciones y prestaciones sociales a lo contemplado por la actual ley de Movilidad Jubilatoria que fue sancionada en 2009.

En el Gobierno explican que la señal más importante de una medida así no sería su impacto fiscal sino sobre los precios: el 48% del gasto público primario -jubilaciones y planes- pasaría a ajustarse por la inflación y no por variaciones de recaudaciones de hace un año atrás que eran más altas dada la desinflación que hubo.

Los lineamientos del proyecto oficial irían en consonancia con la opinión de economistas locales y organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Técnicos de la Anses señalan que sería un error actualizar los haberes por la inflación y dejar de lado la actual fórmula.

La última recomendación del FMI (2016) dice que “indexar los beneficios a la inflación desde 2019 en adelante reduciría el actual déficit a 20 puntos del PBI”. Precisamente el lunes el staff del FMI arranca la nueva misión para el artículo IV de este año liderada por el economista italiano Roberto Cardarelli. Se verán por dos semanas en Buenos Aires con funcionarios y empresarios.

También la OCDE, en su último informe sobre la economía argentina, recomienda “indexar las prestaciones por jubilación al índice de precios al consumo”. Allí subraya que la fórmula por la que Argentina actualiza sus jubilaciones “transmite todos los beneficios productivos de las generaciones actuales que trabajan a los jubilados”. Señala que el 70% de los beneficiarios recibe la jubilación mínima que es cerca del 80% del salario mínimo y equivalente al 54% del salario promedio. El Gobierno garantizaría el 82% del salario básico para quienes hayan aportado.