Malvinas: fijaron fecha para resolver el reclamo argentino por la explotación petrolera

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar anunció que el próximo sábado 28 de noviembre dará a conocer su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa, impulsada por empresas británicas e israelíes, prevé la explotación de importantes reservas de hidrocarburos en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa.

La fecha fue confirmada este martes por el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, al cierre de las dos jornadas de audiencias realizadas en Hamburgo, Alemania. De esta manera, los jueces tendrán 17 días para analizar el planteo argentino, presentado durante la última jornada por la delegación nacional.

En su exposición, la Argentina solicitó que el tribunal disponga cuatro medidas cautelares: impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación de hidrocarburos vinculadas con Sea Lion; prohibir el uso de información obtenida durante la exploración de recursos naturales; garantizar la participación argentina en la protección del medio marino de la zona en disputa; y exigir al Reino Unido que no adopte nuevas decisiones que puedan agravar el conflicto.

Uno de los principales argumentos de la presentación fue el riesgo de que la explotación avance antes de que exista una resolución sobre la controversia. El jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver advirtió que "una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar". En ese sentido, sostuvo: "Sólo este tribunal puede actuar a tiempo para evitarlo. Si no es ahora, nunca lo será".

Según explicó Schrijver, el proyecto cuenta con una inversión definitiva aprobada en 2025 y estará a cargo de la petrolera israelí Navitas, que tendrá una participación del 65%, y de la británica Rockhopper, con el 35% restante. El plan contempla extraer más de 300 millones de barriles de petróleo durante un período de 30 años, mediante la perforación de hasta 26 pozos y la instalación de un sistema de producción en el lecho marino.

Para la representación argentina, el avance de esas tareas podría provocar un daño irreparable, debido a que modificaría de manera permanente la plataforma continental y sus recursos. Por ese motivo, planteó que una eventual sentencia posterior no alcanzaría para revertir las consecuencias de la explotación.

Los argumentos de la Argentina

Durante las audiencias, el jurista Marcelo Gustavo Kohen aclaró que el país no le solicita al tribunal que resuelva la cuestión de la soberanía sobre las islas para disponer las medidas provisionales. Sin embargo, recordó que Malvinas continúa incluida en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas pendientes de descolonización y mencionó la resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúa la disputa.

Kohen también cuestionó que los representantes británicos no hicieran referencia a la existencia de la controversia por la soberanía, una omisión que describió como "el elefante en la habitación".

Por su parte, el asesor legal de la Cancillería y agente argentino ante el tribunal, Mario Oyarzábal, sostuvo que el país acreditó los cuatro requisitos necesarios para el dictado de medidas provisionales: la competencia inicial del organismo, la plausibilidad de los derechos invocados, la existencia de un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable y la urgencia de la intervención.

Además, rechazó el planteo británico de presentar el caso como un litigio sobre soberanía y reiteró la disposición argentina a negociar "todos los aspectos" de la controversia.

Desde la delegación nacional explicaron que el pedido apunta a conseguir medidas de protección mientras continúa el procedimiento arbitral internacional ya iniciado. También remarcaron que el reclamo no se agota en la resolución que se conocerá el 28 de noviembre y que la Argentina seguirá utilizando las herramientas jurídicas y diplomáticas disponibles.

La decisión del Tribunal del Mar se conocerá luego de las dos jornadas de exposiciones de ambas partes en Hamburgo. La delegación argentina estuvo encabezada por Oyarzábal e integrada, entre otros, por la embajadora en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy; y los especialistas Marcelo Kohen y Nicolaas Jan Schrijver. Por el lado británico participaron representantes legales, funcionarios del Gobierno del Reino Unido y autoridades de las islas.