El Gobierno solicita a la comunidad educativa asumir un rol activo en la prevención contra las amenazas

Por Santotomealdía

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación, solicitó a toda la comunidad educativa asumir un rol activo en la prevención ante los episodios registrados en los últimos días, vinculados a amenazas de tiroteos en establecimientos escolares.

La advertencia oficial surge en un escenario de preocupación creciente en la provincia, luego de situaciones detectadas en distintas instituciones —algunas de ellas en nuestra ciudad— y en medio de la conmoción que aún genera el ataque ocurrido semanas atrás en San Cristóbal.

En este contexto, en nuestra ciudad también se registraron episodios recientes vinculados al ámbito escolar. Días atrás, un alumno de 11 años llevó un cuchillo a la Escuela Nº 1106 “San Martín”, lo que motivó la intervención de docentes y de la policía, aunque la situación pudo ser controlada sin que se registraran heridos.

En este marco, la cartera educativa convocó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a trabajar la problemática en las aulas, incorporándola como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar. Además, se instó a reforzar el diálogo en los hogares y a abordar el tema con estudiantes para dimensionar sus consecuencias.

El comunicado, elaborado junto al Ministerio de Justicia y Seguridad, subraya que “estas acciones no constituyen una broma ni una simple transgresión escolar, sino un delito grave que vulnera el derecho a la educación y altera profundamente la paz social”.

En ese sentido, se recordó que realizar pintadas, difundir mensajes en redes sociales o generar falsas alarmas configura el delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal de la Nación, con penas de prisión. También se advirtió que se avanzará en la identificación de los responsables en el marco del fuero penal juvenil.

Desde el Gobierno provincial indicaron además que el Ministerio Público de la Acusación cuenta con herramientas tecnológicas como análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP, lo que permite avanzar en la identificación de los autores. Estas investigaciones pueden derivar en allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.

Otro de los ejes planteados tiene que ver con el impacto económico que generan estos hechos. Cada amenaza activa protocolos que implican la intervención de fuerzas de seguridad, servicios médicos y operativos de tránsito, además de la suspensión de actividades escolares, lo que representa costos significativos para el Estado.

En ese marco, se recordó que la normativa vigente establece la responsabilidad de los padres o representantes legales, por lo que la Provincia podrá reclamar el reintegro de los gastos ocasionados.

Finalmente, el mensaje oficial advierte sobre el efecto contagio en redes sociales y pide a las familias abordar el tema de manera urgente, promoviendo el diálogo para prevenir nuevas situaciones y evitar la naturalización de este tipo de conductas.