Presentaron ocho acuerdos de juicio abreviado en el marco de la "megacausa de los prestamistas"

A siete meses de que la causa tomara notoriedad pública, ocho involucrados firmaron los escritos que prevén una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional y afirmaron su conformidad ante el juez Pablo Busaniche. Se trata de Florencia Cáceres, Leonardo Barrientos, Nicolás Forconi, Romina Astudillo, Walter Esquivel, José Aguirre, Marcelo González y Franco Acevedo.

Las fiscales de la Unidad Especial de Delitos Complejos, María Laura Urquiza y Mariela Jiménez, presentaron ocho acuerdos de juicio abreviado en el marco de la “megacausa de los prestamistas”. Se trata de personas que participaban de las asociaciones ilícitas en carácter de “miembro”, que además de aceptar su culpabilidad abonarán una multa de entre 15 y 50 mil pesos, dependiendo del caso.

En el transcurso de la investigación se detuvo a más de 40 personas, siendo el día clave el 27 de diciembre, cuando se realizaron 27 allanamientos en simultáneo. En una audiencia multitudinaria, a la que las fiscales arribaron con dos asistentes que las ayudaron a cargar las cajas con documentación, se imputó y pactó medidas cautelares con la mayoría de los allí presentes, quedando aquellos señalados como “jefes u organizadores” de la banda en prisión preventiva el 3 de enero.

Estas personas formaban parte de al menos siete pseudo empresas (Belle Maison; El Patrón; Cipres; Créditos Santa Fe; Credi Ya; Presta Más y Presto Cash) que otorgaban préstamos de dinero por el que cobraban tasas e intereses desproporcionados o exigían garantías de carácter extorsivo. También se imputó el delito de “usura”, y en algunos casos “lesiones” y “amenazas coactivas”.

Modus operandi

El modus operandi de las “financieras” quedó comprobado con el secuestro de numerosas carpetas y folios que contenían, discriminados por barrio, documentos y pagarés firmados en blanco. Para las fiscales, “las carpetas demuestran la organización y el tiempo -que llevaban- operando”.

Los prestamistas trabajaban “aprovechando la necesidad, ligereza o inexperiencia de las víctimas”, y su accionar “consistía en la entrega de dinero a personas, generalmente propietarias de pequeños comercios, cobrando con ello una contraprestación consistente en pagos de cuotas diarias, semanales o mensuales con tasas de interés o intereses por mora notoriamente desproporcionadas con el dinero otorgado y superior a la tasa de mercado; realizando esta actividad de forma habitual y como medio de vida”.

Las víctimas eran obligadas al pago de las cuotas mediante el “hostigamiento y visita diaria del cobrador a la vivienda o mediante el envío de mensajes de texto o whatsapp, uso de violencia verbal, amenazas efectuadas personal o telefónicamente, violencia física sobre las personas, exhibición de armas de fuego -las cuales eran utilizadas para amenazar y/o desapoderar de bienes muebles a las víctimas-”.

Fuente: El Litoral