A un año del escándalo del fentanilo contaminado, qué se sabe y qué falta esclarecer

A un año de las primeras muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado, la causa judicial avanzó con detenciones y nuevas pruebas, pero todavía deja interrogantes abiertos sobre responsabilidades y controles en el sistema sanitario.

Todo comenzó a fines de marzo del año pasado, cuando distintos centros de salud detectaron casos aislados de infecciones poco habituales. La alarma se encendió en abril, cuando especialistas identificaron una bacteria inusual en pacientes internados. Con el correr de los días, se descartaron errores en muestras, insumos o equipos médicos, hasta que surgió un elemento en común: todos los afectados habían recibido fentanilo producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

Ese hallazgo derivó en una investigación que, ya en mayo, fue formalizada ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y dio origen a una causa judicial. Con el avance del expediente, se confirmó que el brote no era un hecho aislado, sino parte de una trama mucho más grave que ya suma 121 víctimas fatales.

En este contexto, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención de los empresarios Ariel García Furfaro y Diego García Furfaro, mientras que otro de los hermanos continúa investigado. La causa también alcanza a otros integrantes de la estructura empresarial.

Las pericias fueron determinantes: estudios del Instituto Malbrán comprobaron que las bacterias halladas en las víctimas coincidían genéticamente con las detectadas en ampollas de fentanilo distribuidas en hospitales. Para la Justicia, esto confirma el vínculo directo entre el medicamento y las muertes.

Según surge del expediente, los laboratorios operaban con graves irregularidades. Se detectaron fallas en los procesos de producción, falta de controles de esterilidad y desmanejos que incluían la reutilización de equipos sin limpieza adecuada. Incluso se habrían ignorado advertencias previas del organismo regulador.

Además, la investigación expone un esquema sistemático de falsificación de registros para ocultar las deficiencias. Mensajes y documentación secuestrada revelaron prácticas como “dibujar” controles y manipular datos para superar inspecciones, mientras productos potencialmente contaminados seguían en circulación.

El caso también puso bajo la lupa el rol de los organismos de control y las posibles complicidades que permitieron el funcionamiento de la estructura. Para el juez, existió una “indiferencia deliberada” frente a los riesgos que implicaba la fabricación del medicamento en esas condiciones.

Tras el estallido del escándalo, se detectaron maniobras para eliminar pruebas y desprenderse de bienes, lo que derivó en embargos y nuevas medidas judiciales.

A pesar de los avances, la investigación sigue en curso y aún quedan preguntas clave por responder: cómo fallaron los controles, qué grado de responsabilidad tuvieron los distintos actores y si el número de víctimas podría ser mayor. Mientras tanto, el caso se mantiene como una de las tragedias sanitarias más graves de los últimos años en el país.