Aseguran que hay entre 3.500 y 4.000 obras públicas paralizadas y ya se perdieron más de 100 mil empleos

Por Santotomealdia

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) aseguró que “el recorte de fondos para la obra pública está generando efectos muy perjudiciales, no solo para las empresas constructoras en particular sino también para toda la industria proveedora de insumos y la economía en su conjunto”.

En una entrevista con el diario Ámbito, Gustavo Weiss sostuvo que el sector atraviesa una situación de “desesperación ya que, en la casi la totalidad de los casos, las empresas no cobran un peso desde el mes de octubre o noviembre”.

Según reveló el titular de la CAMARCO, entre 3.500 y 4.000 obras públicas están paralizadas, neutralizadas o suspendidas. Además, brindó un dato alarmante: el sector perdió más de 100.000 empleos en los últimos meses.

“Cuando hablamos de que ya se perdieron 100.000 puestos de trabajo, estamos hablando solamente de obreros de la construcción, personal UOCRA. A eso hay que agregarle, la cantidad de gente que ya perdieron las empresas por tener que despedir empleados y cuadros técnicos costosísimos para las empresas, recursos humanos valiosísimos que nos costó años formar y que se hace imposible mantener al no cumplir el Estado Nacional con sus obligaciones de pago”, agregó Weiss.

“Estamos totalmente de acuerdo en la participación privada en el financiamiento de la infraestructura”, manifestó a continuación, pero advirtió que la experiencia internacional indica que la participación privada no excede el 15% de la inversión total. “El restante 85% no es atractivo para los privados y por lo tanto está a cargo del Estado”, aclaró.

Consultado por los dichos del presidente Milei, que en reiteradas ocasiones argumentó el recorte sobre la obra pública porque “es un escándalo de corrupción”, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción respondió que “la lucha contra la corrupción es crucial para la transparencia del sector y la confianza en cualquier gobierno, pero es necesario encontrar un equilibrio entre combatir la corrupción y no hacer la infraestructura que el país necesita para mantener la actividad económica, crecer y desarrollarse”.