Palo Oliver pide que se informe si hay actuaciones administrativas en el MPA a partir del caso “Galaz”

El diputado provincial Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de comunicación por el cual solicita al Ministerio Público de la Acusación que informe, mediante la Auditoría General de Gestión, si existen sumarios y/o actos administrativos relacionados a las actuaciones del Fiscal Regional de Reconquista, Dr. Rubén Martínez, y de los fiscales Aldo Gerosa y Juan Marichal, en la causa públicamente conocida como “GALAZ”.

Vale la pena mencionar que dicha causa trata sobre un delito contra la integridad sexual que, de acuerdo a su propia confesión, fue perpetrado por Galaz contra su sobrina desde que ésta tenía 4 años y hasta que cumplió 11.

En un primer momento, se lo investigó por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante reiterados en el tiempo, en número indeterminado de veces agravados por causar daño grave a la salud mental de la víctima y promoción de la corrupción de una menor de edad agravado por la edad de la víctima previstos en el segundo y tercer párrafo del artículo 119, arts. 125, 45, 54 y 55 del Código Penal.

A partir de allí, se sucedieron una serie de hechos que son muy graves desde el punto de vista institucional. Algunos denunciados por la víctima, otros confesados por sus protagonistas.  

Entre estos hechos inadmisibles, podemos resaltar las denuncias de la víctima del caso acerca de la revictimización recibida, de las recriminaciones y el trato denigrante por parte del fiscal Gerosa; el sorpresivo cambio de carátula que implicó bajar un pedido de condena de 32 años de prisión a uno de 7, producto del acuerdo en juicio abreviado, con intervención del fiscal Marichal previa anuencia del fiscal general, y el inadmisible intercambio de información entre Gerosa y el senador Marcón sobre la causa, lo cual conspira contra el normal funcionamiento de las instituciones en general y de la Justicia en particular.

Otra situación que guarda relación con lo mencionado, es la actitud de Gerosa de establecer una comunicación con un legislador por fuera de los canales institucionales, para discutir sobre aquellos concursos en los que participa en el marco de su carrera judicial.

Todas estas cuestiones, tiñeron el trabajo de los representantes del MPA en la causa, por lo que se impone la debida investigación de los mismos, y pusieron en evidencia la injerencia política en la marcha de los procesos.

Al respecto, Palo Oliver manifestó: “Las conductas de la fiscalía, recriminando el accionar de la víctima e incluso denigrándola, como refiere ella, constituyen un proceder que nada tiene que ver con los fines del MPA. Por otro lado, considero inmoral que un funcionario judicial establezca vínculos con un senador, por fuera del funcionamiento de las instituciones”. 

Un llamativo acuerdo

“Otro tema que debe ser objeto de investigación, es el motivo por el cual quedó evidenciada una incongruencia entre aquellos postulados del Dr. Gerosa al conocerse la denuncia y la actividad desplegada por la fiscalía luego. Cuál fue el motivo del cambio de actitud”, agregó el legislador.

Al respecto, en aquel momento Gerosa manifestaba: “La denunciante desde los 4 años hasta los 11 años fue víctima de los ataques sexuales por parte del imputado con el cual mantenía un vínculo cercano: A partir de allí han aparecido una serie de trastornos propios de ese estrés postraumático, que son compatibles con trastornos psicológicos y psiquiátricos”. 

La víctima comenzó un tratamiento y “eso le ayudó a poder contar lo que pasaba y hacer la denuncia, y también una situación que se encontró con el agresor que habría tenido un gesto físico que a ella la shockeó y le dio la decisión de hacer la denuncia”.

Por último, el funcionario sostuvo “es realmente una afectación que le ha modificado, alterado o destruido el proyecto de vida que pudo haber tenido la víctima”. 

Respecto del imputado, las conclusiones del fiscal fueron las siguientes: “Es una persona que está hace muchos años en la Municipalidad, debe conocer muchísimos funcionarios, muchísimos empresarios, muchísima gente con poder -no sólo de Avellaneda, de la provincia y de la nación- y hace militancia en un partido político a nivel nacional”. En base a esta descripción, el Fiscal consideró a Galaz “una persona con un perfil que denota un peligro procesal importante”.

Nada de esto coincide con la conducta posterior de la fiscalía. 

Luego, sobrevino la propuesta de acuerdo de una indemnización de $ 6.000.000 y 7 años de prisión, previo reconocimiento de la comisión del delito imputado. 
En este acuerdo, intervino el Fiscal Marichal, con la anuencia del Fiscal Regional de Reconquista.

“Por todo lo mencionamos, es que solicitamos la información acerca de la actitud que tomó o tomará el MPA con relación a la conducta de estos fiscales”.

La injerencia de legisladores en causas judiciales

En relación a este tema, el legislador fustigó la intervención e injerencia del Senador Orfilio Marcón en la causa mencionada: “Los diálogos reconocidos públicamente por los mismos interlocutores dan cuenta del grado de audacia con que se mueven algunos actores de la política santafesina. Un legislador de ninguna manera puede inmiscuirse en causas judiciales, porque esto afecta a la transparencia de la Justicia. Sin dudas, lo tienen naturalizado y consideran que su pertenencia a la clase política los coloca en una situación diferente, donde estas conductas están permitidas”.

Finalizando, sostuvo: “Tenemos perfectamente en claro la independencia funcional de la Cámara de Senadores respecto de la de Diputadas y Diputados. De todas formas, hemos solicitado que se remita a aquélla una copia del pedido de informes ingresado, para que se analice institucionalmente, la conducta del senador Orfilio Marcón”.