La OEA pone sobre la mesa la situación política en Perú

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sesiona este miércoles para analizar la situación política y social en Perú, en el contexto de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y las denuncias de represión por parte de la fuerza pública en contra manifestantes.

En la sede en Washington D.C., el Consejo Permanente de la OEA celebra una sesión ordinaria que cuenta con la participación de Stuardo Ralón, relator para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien recientemente viajó a la nación andina en el marco de una visita de observación. 

"La CIDH reitera todo tipo de violencia. Ha habido denuncias de violencia por parte de fuerzas de seguridad y también violencia que ha afectado una serie de bienes públicos y privados", dijo Ralón en la sesión de la OEA. 

Pese a los intentos de Boluarte por acallar las protestas mediante la declaratoria de estado de emergencia en varios departamentos, las organizaciones sociales e indígenas continúan saliendo a las calles para exigir la renuncia de la presidenta, la excarcelación del vacado exmandatario Pedro Castillo y la convocatoria de una Asamblea constituyente para que redacte una nueva Carta Magna.

Un hombre frente a un contingente policial durante las protestas en Lima, Perú, 17 de enero del 2023.Martin Mejia / AP

A estas demandas se han sumado las denuncias por la represión orquestada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La CIDH tuvo conocimiento de 47 víctimas fatales en el marco de las protestas que iniciaron el pasado 7 de diciembre.

El órgano autónomo de la OEA recibió denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado al intento de repeler un intento de toma del aeropuerto de Ayacucho, en la jornada del 15 de diciembre, en donde fallecieron 12 personas y resultaron heridas otras 70. 

Manifestación contra la presidenta peruana Dina Boluarte, en Lima, 17 de enero del 2023.Martin Mejia / AP

Al respecto, estudios forenses independientes también concluyeron que los uniformados dispararon a matar en al menos diez casos. De la decena de cuerpos analizados en Ayacucho, seis presentaron disparos de armas de fuego en el tórax, tres en el abdomen y uno en la cabeza, zonas consideradas como letales. 

Sobre este tema, Ralón declaró este miércoles que, de las personas que han fallecido por armas de fuego, "hay disparos a la cabeza y el tórax, situación que tiene nuestra más enérgica condena". Al respecto, el relator de la CIDH llamó al Estado peruano a realizar "investigaciones serias, imparciales, rápidas para poder establecer qué fue lo que ocurrió". 

Asimismo, Ralón criticó el uso generalizado de términos y señalamientos que desde el debate público estigmatizan a la población quechua y aymara, a quienes se identifica como "terroristas", "senderistas" e "indios". "Aspectos estigmatizantes que generan un clima de violencia y ofende a personas que hacen una protesta pacífica", dijo. 

Posicionamiento de países

"El derecho a la protesta pacífica debe respetarse; el derecho a que el Estado proteja el orden también", afirmó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, agregando que la Organización de Estados Americanos suscribe el informe que presentó la CIDH.  

En su turno, la representante permanente de Costa Rica, Alejandra Solano, llamó al "pleno respeto de los derechos humanos, de acuerdo con los protocolos de uso de la fuerza". 

La representante de México, Luz Elena Baños, expresó su "profunda preocupación" por la situación política, institucional y de derechos humanos por la que atraviesa Perú. "Rechazamos el uso desproporcionado de la fuerza pública" durante las manifestaciones, señaló Baños. 

"El Estado de Bolivia respeta y valoran la soberanía de los estados y el principio de no intervención", dijo, por su parte, el representante permanente de Bolivia, Héctor Arce. "Como un Estado que ha sufrido un quiebre constitucional con un costo de 38 vidas humanas, hace votos por la solución pacífica de cualquier controversia interna", añadió. 

En tanto, el representante permanente de Brasil, Otávio Brandelli, expresó la preocupación del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por el encarcelamiento del expresidente peruano, Pedro Castillo. El embajador brasileño pidió a las autoridades considerar "alternativas" para restablecer su libertad.

En la misma línea de Brandelli se manifestó el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, quien expresó su preocupación por el debido proceso en torno al encarcelamiento de Castillo. 

Declaración de Perú

El director general para Asuntos Multilaterales y Globales de la Cancillería de Perú, el embajador Paul Duclos, dijo que el Gobierno de Boluarte dio a la CIDH "todas las facilidades" para realizar la visita de observación. 

"Se ha establecido una Comisión Multisectorial para atender a los deudos de las personas fallecidas", apuntó Duclos desde la sede de la OEA. Asimismo, el embajador afirmó que el Estado peruano implementará las "acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad". 

En 30 días, la CIDH presentará un informe de país con recomendaciones para ayudar a resolver la situación política y social en Perú, según confirmó Ralón durante la sesión de la OEA. 

Bloqueos en Perú

Este miércoles, las autoridades reportaron 89 bloqueos, con 18 vías nacionales afectadas en ocho regiones: Ancash, La Libertad, San Martín, Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Puno. 

Para este jueves 19 de enero, universidades, gremios y organizaciones sociales e indígenas, provenientes de diversas regiones de la nación, se trasladarán a la capital, Lima, para emular la mítica 'Marcha de los cuatro suyos', en referencia a la protesta que se alzó contra el entonces mandatario Alberto Fujimori, en el 2000.