Marcha atrás: Alberto Fernández anuló el decreto para intervenir y expropiar Vicentin

Con un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente Alberto Fernández anuló el DNU 522 que dispuso hace más de un mes la intervención transitoria de la cerealera Vicentin.

La decisión del Presidente llegó luego de que el gobernador santafesino Omar Perotti diera por terminado su intento de poner al frente del grupo concursado un interventor nombrado por la provincia.

El plan de Perotti no prosperó a pesar de las gestiones que se realizaron ante el juez de Reconquista que está a cargo del concurso de acreedores de la cerealera, Fabián Lorenzini. El jueves, hubo reunión en la que los representantes de la provincia y de la empresa intentaron sin éxito avanzar para crear un fideicomiso que se haga cargo de la conducción de la forma.

Esa fue la segunda reunión de conciliación de las partes convocada pro el magistrado. La intención de Perotti, que respaldaba el presidente Fernández, era la de crear un fideicomiso con participación estatal y remover a los integrantes del directorio de la empresa. 

Si bien el titular del juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista dejó las puertas abiertas para retomar el diálogo, las autoridades santafesinas dieron por "cerrado el capítulo" y aguardarán que el magistrado resuelva el planteo de intervención interpuesto por la provincia.

Pero el magistrado ya había rechazado la designación de los interventores del Gobierno, que apenas después de la presentación del DNU 522 del 9 de junio, habían ingresado a la compañía de Avellaneda, Santa Fe. 

Lorenzini consideró "veedores" a esos dos funcionarios nacionales yrepuso en el manejo de la empresa concursada al directorio que habían nombrado los accionistas de Vicentin.

En una serie de tuits, el Presidente explicó este viernes que "el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo".

"En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores", aseguró, y adelantó que instruyó "a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado".