Piden informes sobre la auditoría en la Autopista Santa Fe-Rosario

La iniciativa fue presentada por los diputados provinciales del bloque “Frente Justicialista para la Victoria”, Héctor Cavallero, Silvia Simoncini, Roberto Mirabella, Patricia Chialvo y Germán Bacarella. De esta manera, piden que el Poder Ejecutivo informe en relación al Decreto 1017 que somete a “revisión” por 180 días las causas de la “extinción por mutuo acuerdo” de la autopista Santa Fe- Rosario.

Por ello, a través del pedido de informes solicitan saber cuál es el grado de avance respecto de los procedimientos definitivos de análisis y determinación de la responsabilidad que le puede caber a las partes (o, incluso a terceros) en la extinción por mutuo acuerdo del contrato de concesión por peaje para la construcción, mejoras, reparación, Conservación, Ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, gerenciamiento y explotación de la Autopista Provincial Brigadier López, que conduzcan a determinar fehacientemente la causal de responsabilidad en tal decisión.

En el mismo sentido, requieren que se indiquen elementos y antecedentes evaluados para llevar a cabo la selección para la contratación directa por parte del Ministro de Infraestructura y Transporte, en nombre del gobierno de la provincia, de los servicios de Cassagne Abogados (CASS SRL) por la suma de 61. 235 dólares más un extra de 217 dólares por hora de asesoramiento. A ello, se suman los servicios del Ingeniero, Miguel Gueydan por un monto de 678.138, con lo que totaliza una cifra superior a1.700.000 de pesos como mínimo para evaluar la extinción de concesión mencionada.

El diputado del Partido Progreso Social y presidente del bloque “Frente Justicialista para la Victoria, Héctor Cavallero, explicó que “presentamos este pedido de informes, sobre cuestiones que deberían ser aclaradas acerca del Decreto 1017/2017, el cuál no ha sido publicado a la fecha, ni en el boletín oficial, ni en el sitio web de la provincia de Santa Fe como correspondería”.

Al mismo tiempo, sostuvo que “el poder Ejecutivo ha encomendado al Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia, para que en un lapso de 180 días disponga la intervención de especialistas o la realización de auditorías que conduzcan a determinar fehacientemente  la causal de responsabilidad en la extinción por mutuo acuerdo del contrato de concesión, así como los eventuales créditos  y deudas recíprocos derivados de la extinción del “Contrato de concesión por peaje para la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, gerenciamiento y explotación de la autopista”.

Informes de la UNR

Entre sus fundamentos, el pedido de informes sostiene que, “endentemos que todas las incógnitas que plantea el ejecutivo provincial ya han sido resueltas previamente por organismos que gozan de la confianza de todos los santafesinos como son, el Instituto de Estudios del Transporte de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura y el Contador Público, Guillermo Español, por la Cátedra de Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas dependientes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y que oportunamente manifestaron en sus informes conclusiones que exponían la gravedad de los incumplimientos de la concesionaria”.

Consideramos que a pesar de lo dictaminado por los auditores de UNR, antes mencionados, el hecho de contratar un estudio de abogados y un consultor privado por la suma transcendida, es un exceso sin justificativo alguno y por un monto desproporcionado siendo que la suma abonada a la Universidad fue muchas veces menos y las únicas explicaciones  dadas para tal decisión de parte de las autoridades, son las de conocer una “mirada privada del tema” según expresaran al periodismo, argumentando a todas  luces sumamente vagos y difusos.